(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª de lo Civil, núm. 91/2017 de 15 de Febrero)

La era de la información y la tecnología comprenden más del 80% del tiempo en el que discurre nuestro día a día. Vendemos y compartimos nuestras ideas, pensamientos e informaciones, a través de una infinidad de medios que nos permiten expandir las fronteras de la libertad de expresión otorgando a este derecho un peso crucial frente a la existencia de otros tantos del catálogo de Derechos Fundamentales recogido en nuestra Constitución.

Es la "Norma Suprema" la que nos define el contenido de esos derechos que han de ser inherentes a cada persona y que han de prevalecer por encima del resto. Sin embargo, son la Doctrina y la Jurisprudencia, las que acaban por perfilar dónde están los límites de intromisión ilegítima o injerencia en los supuestos donde entran en colisión dos o más de los Derechos de los que la Constitución categoriza como preeminentes respectos a cualquier otro; y aunque parezca una cuestión sencilla, el tema no es mero baladí, ya que las fórmulas empleadas para realizar la ponderación de derechos, varían según los criterios de cada supuesto concreto.

Uno de los casos más recientes en esta materia, lo encontramos en la inicial condena al periódico "La Opinión-El Correo de Zamora" por la publicación de un artículo bajo lo que en el argot periodístico se define como una "crónica de sucesos", en el cual se publicaban una serie de datos exhaustivos y personales referentes a los miembros de una familia, así como una fotografia obtenida a través de la red social "Facebook".

Lo cierto, es que tanto la Sentencia dictada en primera instancia (STC. Núm. 55/2015, de 11 de marzo, Juzgado Primera Inst. 10 de Bilbao) como la resolución del recurso interpuesto en apelación, (SAP Bizkaia„ Núm 270/2015 en fecha 22 de septiembre) otorgaron una prevalencia absoluta al derecho a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen (Artículo 18 C.E.) frente al derecho a la información (Artículo 20 C.E.) basándose en el hecho de que a pesar de no rebatir en ningún momento la veracidad sobre el contenido de la información difundida, no se había prestado el debido consentimiento para la publicación y obtención de los datos e imagen publicados.

Insatisfechos por la ponderación realizada, el diario "La Opinión-El Correo de Zamora" decide recurrir ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (STS núm. 91/2017 de 15 de Febrero), donde curiosamente, la balanza pega un pequeño vuelco, aportando en esta última instancia un mayor peso al derecho a la información frente a una posible vulneración del derecho a la intimidad personal o familiar, pero prevaleciendo en todo caso, el derecho de imagen.

Tres son los puntos en los que se ha basado el Tribunal Supremo para justificar y fundar su resolución. En primer lugar y respecto al contenido de los datos que permitieron una identificación de los actores, entorno y familia, el Alto Tribunal ha reseñado que el contenido de las informaciones eran veraces, que no se han saltado ninguno de los cánones establecidos a la hora de redactar una "crónica de sucesos" y que tal y como indica el propio Tribunal Constitucional en varias de sus sentencias, no se ha facilitado información con una finalidad "morbosa o puramente sensacionalista". El Tribunal considera que en todo momento, se ha mantenido el debido rigor periodístico que la profesión exige. Por el contrario, no entra a describir o concretar punto por punto en qué medida dichos cánones informativos han sido respetados para justificar dicha ponderación. A mayor abundamiento, la información queda relegada al carácter de "accesoria o irrelevante", justificando su redacción y contenido en la excepción prevista en el "artículo 8 de la L.O. 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen", puesto que al ser Zamora una provincia de "reducido ámbito geográfico", los hechos descritos no aportaron una información que no fuese ya conocida previamente en la provincia, justificando con ello igualmente, la noticiabilidad de los hechos.

Respecto a la segunda de las cuestiones o utilización de la fotografía extraída a través de "Facebook", se cuestionaba el hecho de que a pesar de que dicha imagen perteneciese a un perfil público en una red social con una cuenta abierta en Internet, donde incluso, se hubiese otorgado el correspondiente permiso "determinado" para su publicación bajo la propia política de privacidad de la aplicación, todo ello, no determina que la persona prestase su consentimiento de forma inequívoca para su publicación en el periódico. En este sentido, el Tribunal Supremo separa y realiza una clara distinción entre el acceso o visualización de la imagen que forma parte del perfil de Facebook, y el hecho de que el titular de la imagen haya prestado su consentimiento expreso para su divulgación en un medio concreto, lo que implica, que para el caso objeto de recurso, el medio de comunicación debía de haber obtenido el permiso concreto de su titular.

La tercera de las cuestiones se centra en la debida cuantificación de la indemnización, al considerar el Tribunal Supremo que solo ha concurrido la vulneración al derecho a la propia imagen, debiendo por ello reducirse a la mitad la cuantía impuesta por dicho concepto en primera instancia.

En líneas generales, la Sentencia supone una reflexión a considerar sobre los supuestos en los que debe primar el derecho a la información ajustándose estrictamente al caso concreto y encauza los precedentes respecto a la información contenida en los perfiles de los usuarios en las redes sociales u otras páginas web, donde su publicidad no es infinita y presenta barreras que coartan la extensión que supone navegar y extraer información en un inmenso e ilimitado mar de datos.

 

Jesica Hita Ruiz -

Abogada