Este 25 de mayo de 2016 ha entrado en vigor el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), teniendo dicha derogación efectos a partir del 25 de mayo de 2018.

Este Reglamento será de aplicación directa a toda Europa, sin que sea necesario que los Estados Miembros lo incorporen a su Ordenamiento Interno. se trata de una norma de gran calado y trascendencia en la que se contemplan nuevas disposiciones y derechos, por ello será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018 lo que permitirá a los países ajustarse a dichas novedades, realizando tanto las Administraciones Públicas como las empresas modificaciones y ajustes para garantizar su cumplimiento.

En esta Norma se regulan junto con los ya conocidos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dos nuevos derechos: el “derecho al olvido” y la portabilidad de los datos. Con ello se busca proteger los derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas y, en concreto, su derecho a la protección de los datos personales, tanto si son procesados por entidades privadas como por Administraciones Públicas.

Así mismo, se explican mejor las especificaciones y excepciones  del deber de información o los deberes de transparencia.

Una de las novedades más importantes es que el Reglamento se aplicará al procesamiento de datos de europeos por entidades establecidas en Europa, pero también a las establecidas fuera de la Unión Europea que realicen dicho procesamiento dentro de ésta.

Otra novedad a tener en cuenta es la incorporación de la obligación para las empresas y Administraciones de designar en ciertos casos a un “delegado de protección de datos”, cuya función será la de garantizar el cumplimiento de la normativa ahora en vigor.

Por último debemos advertir que las cuantías de las sanciones se elevarán sustancialmente, pudiendo llegar a alcanzar los 20.000.000 euros o el 4% del volumen de negocio anual global del ejercicio financiero anterior.

El Reglamento Europeo no deroga la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero en todo lo que sea contrario a la Norma Comunitaria ésta no será aplicable.