El Tribunal Supremo en su Sentencia Nº 154/2016 de 29 de febrero de 2016 ha condenado por responsabilidad  penal a tres empresas por su participación en delitos contra la salud pública por el tráfico de las de 6.000 kilos de cocaína escondida en maquinaria objeto de importación.

La Sentencia establece los requisitos para que nazca responsabilidad penal de las empresas de acuerdo con el artículo 31 bis del Código Penal.

En primer lugar, debe constatarse la comisión de delito por una persona física que sea integrante de la persona jurídica.

Así mismo, las empresas deben haber incumplido su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos, en este sentido el Tribunal señala que "Así, la determinación del actuar de la persona jurídica, relevante a efectos de la afirmación de su responsabilidad penal, ha de establecerse a partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquélla, ha sido posible o facilitado por la ausencia de una cultura de respeto al derecho como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas jurídicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos".

Aprovechan los magistrados esta ocasión, para advertir de situaciones futuras donde puedan producirse conflictos entre las personas físicas acusadas del delito y las personas jurídicas que sean representadas por esas mismas personas físicas, lo que podría originar una violación del derecho de defensa de la empresa.

En conclusión el Tribunal Supremo defiende que en el modelo de autorresponsabilidad es la propia persona jurídica la que comete el delito, por su propia actuación, adquiriendo una responsabilidad directa debida a la "ausencia de medidas de control adecuadas para evitar la comisión de delitos".

No obstante, debemos señalar que el Derecho Penal español se rige por un modelo antropocéntrico basado en que sólo las personas físicas son las que pueden delinquir. Esto obliga a España a construir una nueva teoría del delito en el que las personas jurídicas puedan ser el sujeto activo y hasta que esto no suceda seguirá tratándose de un tema controvertido en el que no exista consenso.